En el estado de Baja California, prevalecen los dos tipos de trata de personas que más se denuncian en la entidad son la explotación sexual y laboral.
De acuerdo con Valeria León, encargada de la Unidad contra de la Trata de Personas en la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Noroeste, en la entidad se estima que por cada caso que se denuncia hay 99 que no.
Valeria León enfatizó que las principales víctimas de estos delitos son migrantes, blancos de los grupos delictivos debido a su situación de vulnerabilidad.
“Digo que es la que más se denuncia porque hay una cifra negra. Digamos que por cada víctima que denuncia, algunos manejan que hay 20 personas que no denuncian, y otras cifras manejan que hay 99 personas que no denuncian”, expresó.
Basada en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indicó que en Baja California se abrieron 15 carpetas de investigación por el delito de Trata de Personas en lo que va del 2024.
Mencionó que, aunque esos son los datos oficiales de las dependencias de seguridad pública, en OIM también han recibido denuncias sobre trata de personas. Sin embargo, muchas de las víctimas rechazan el seguimiento a sus casos por temor.
“Si identificamos que están (los migrantes) en un mayor riesgo que otras poblaciones ante la trata de personas. Pensamos que es un tema muy relevante por qué hay muchos factores que pueden influir en que las personas migrantes caigan en estas redes”, manifestó.
En Baja California existen 15 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, lo que representa 5 por ciento de las 305 denuncias presentadas en México durante 2024.
Según información oficial, febrero fue el mes en que se presentó el mayor número de denuncias en esta entidad, seguido de marzo y abril con tres denuncias cada mes, dos en enero y también en junio, solo una en mayo.
Sobre los casos de migrantes en la entidad, las principales víctimas son aquellas que están en una situación de estancia irregular, es decir que no tienen documentos de identidad.
“Los documentos de estancia a veces les dan más facilidad para acceder a diferentes derechos y servicios, a tener un empleo formal. Esto puede prevenir a que accedan a hacer un trabajo que no quieran hacer, que termine siendo explotación y probablemente trata de personas”, explicó.
El 80% de las víctimas detectadas provienen de estados como Chiapas y Oaxaca, mientras que el 20% son originarios de países como El Salvador, Haití y algunos pocos de Estados Unidos.
La presidenta de la Fundación Manos Unidas por Rosarito, Lorena Meléndez Yáñez advirtió que entre las señales de peligro se destacan las ofertas de trabajo dudosas o presiones para viajar de manera repentina.
Destacó que la trata de personas implica la contratación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante amenazas, fuerza, coacción, fraude, engaño, abuso de poder o de situación de vulnerabilidad con el fin de explotarlas.
“Los traficantes no respetan la dignidad de las personas. Venden a sus víctimas a otros delincuentes que operan por su cuenta o son parte de alguna red criminal que obtiene ganancias millonarias con la venta y explotación de seres humanos”, lamentó la activista.
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