El turismo sensorial impulsado desde Ensenada dejó de ser una iniciativa local para perfilarse como propuesta de política pública, respaldada por datos demográficos y económicos, además de una ruta legislativa en el ámbito federal.
La propuesta fue presentada recientemente en el Senado de la República durante la misión empresarial legislativa del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), ante el presidente de la Comisión de Turismo, Eugenio Segura Vázquez, con el objetivo de incorporar la accesibilidad universal como una obligación progresiva dentro del marco legal.
El proyecto parte de una experiencia territorial desarrollada en Baja California, que permitió replantear la discapacidad desde la experiencia del usuario y no desde la limitación, como resultado, se diseñó la primera ruta de turismo sensorial del noroeste mexicano, concebida como un sistema integral y medible.
El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ensenada, Andrés Martínez Bremer, comentó que las cifras respaldan la iniciativa: a nivel mundial, alrededor de 1.23 mil millones de personas viven con alguna discapacidad; al considerar dependencia temporal y envejecimiento, el universo asciende a 2.46 mil millones.
En México, de una población de 133 millones de habitantes, el 15 por ciento representa casi 19.8 millones de personas y el 30% se aproxima a 40 millones, mientras que en Baja California, las estimaciones oscilan entre 619 mil y más de 1.2 millones de personas, según el mismo criterio.
Con base en esta evidencia, se plantean reformas a la Ley General de Turismo para reconocer el turismo inclusivo y sensorial como modalidad, armonizarla con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y con la normativa de obra pública y desarrollo urbano, además de etiquetar presupuesto para infraestructura, certificaciones y capacitación.
La agenda contempla también incentivos fiscales para empresas que inviertan en accesibilidad, una certificación nacional de turismo accesible con participación pública y privada, capacitación obligatoria para prestadores de servicios y un sistema de indicadores para medir gasto, frecuencia de viaje y barreras.
