La gestión de agua se debería asumir como un ciclo donde la provisión de agua potable y su descarga como agua residual son parte de un mismo recurso, una relación equivalente. Sin embargo, en la realidad, las aguas residuales y sus efectos son un aspecto poco visible y no redituable políticamente, de ahí que, en parte, las brechas de información entre provisión de agua y saneamiento sean enormes. El discurso de abasto tiene generalmente un sentido positivo, y las cifras de avance son temas de promoción política de las instituciones gubernamentales cuando se alcanzan las metas de suministro propuestas en colonias o regiones, o para aumentar las estadísticas de cumplimiento de objetivos internacionales. Lo anterior no ocurre con el saneamiento, que, aunque puede presentar avances, siempre son limitados, siendo los argumentos más comunes el no contar con información exacta, así como restricciones económicas y técnicas de infraestructura, entre otros).
Si las dificultades se acentúan en el saneamiento del agua doméstica, la información y las cifras en el área de saneamiento del agua residual industrial son incluso más complejas. La información fluye entre la autoridad gubernamental y la empresa, lo que genera una impresión de hermetismo para el ciudadano común. El presente estudio se centra en el análisis del manejo de las aguas residuales industriales en Ensenada, Baja California, considerado el puerto comercial más importante de México en el Pacífico, cuyas actividades productivas predominantes –pesca y turismo– dependen en su mayoría de la conservación de los recursos marinos. Sin embargo, si bien esta población es reconocida internacionalmente en materia ambiental, es de destacar que en los últimos años ha tenido problemas recurrentes para cumplir la normativa de calidad de sus aguas residuales (Cofepris).
En Ensenada, las principales empresas se clasifican en servicios, industriales y acuacultura, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua (Sina). Sus descargas suponen un tercio del total de volumen de aguas residuales vertidas, mientras el resto lo conforman las aguas residuales domésticas. Además de lo que representa este volumen, el análisis del proceso de gestión de las aguas residuales industriales cobra prioridad si se piensa que los compuestos contaminantes suelen ser superiores a los del sector doméstico. Para entender su dinámica, es necesario conocer la regulación de su gestión: normatividades, límites máximos permisibles (LMP), procedimientos para cumplimiento, generación de información, evaluaciones, los aspectos técnicos que interfieren, aspectos de calidad y concentraciones químicas de los residuos, y las capacidades administrativas de los actores involucrados en los procesos.
Por ello, desde la perspectiva de la economía ambiental, se propone analizar los procedimientos regulatorios desde un enfoque crítico que permita cuestionar las herramientas de autorregulación y los incentivos económicos aplicados en el saneamiento de las aguas residuales industriales. Se ahonda en dos vertientes: una donde la autoridad federal –la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Registro Público de Derechos de Agua (Repda)– otorga los permisos de descarga y promueve una autorregulación individual de la empresa, y otro proceso más local, que incorpora a las pequeñas empresas que eligen al Organismo Operador de Agua (OOA), en este caso la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), que a través de un convenio de tratamiento conjunto se vuelve corresponsable con la empresa, al prestarle el servicio de tratamiento y monitoreo.
Al documentar y explicar el proceso de gestión, se plantea como objetivo específico describir el manejo de las aguas residuales industriales que se descargan en la bahía de Ensenada. El caso particular de esta población puede ser un referente de gestión a nivel nacional, que permite ilustrar mecanismos pensados más centralmente y evidenciar las repercusiones sociales en el caso de incumplimiento e impacto local, lo que permite también identificar posibles alternativas para la mejora de los procesos.
El artículo está compuesto por cuatro apartados: el primero expone un breve repaso de la gestión institucional del agua residual industrial y las principales críticas al Repda que muestran la necesidad del análisis; el segundo señala los aspectos metodológicos involucrados en el caso; el tercer apartado presenta las características de Ensenada y sus problemas de contaminación, los datos básicos de las descargas de aguas residuales industriales, y documenta los procedimientos de regulación de agua industrial en la localidad; el cuarto exhibe los cuatro elementos más relevantes del análisis del manejo del agua residual industrial; y, finalmente, se presentan unas breves conclusiones.
Los avances en la gestión del agua residual industrial por parte de las empresas, a través de las medidas de comando y control desarrolladas en la década de 1990, derivan del reconocimiento mundial de los problemas ambientales, cuya idea central era la protección ambiental y la contribución hacia un desarrollo sustentable. La consolidación de instituciones enfocadas a estos fines también representa un compromiso de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (T-MEC), que incentivaron la gestión ambiental empresarial para fomentar la competitividad y el cumplimiento normativo, y que años más tarde también incorporarían la promoción de incentivos económicos para complementar la política ambiental.
Como parte de la cristalización de la política ambiental relativamente reciente del país, se conformó la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Sermanart)–, líder de la política nacional ambiental, y encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de recursos naturales, ecología, saneamiento ambiental, agua, pesca, y sustentabilidad urbana. En materia de agua, la Conagua, organismo administrativo desconcentrado de la Semarnat, es la institución de gobierno que administra, regula, controla y protege las aguas nacionales en México (Conagua), y a través del Repda regula los derechos de los usuarios en materia de usos y descargas de agua. Esta institución tiene a su cargo tanto los permisos de descarga de las empresas como los de los OOA, en este caso de la Cespe.
Otra autoridad federal involucrada en materia de agua es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual se encarga de proteger a la población contra los riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales y laborales; además, brinda atención cuando ocurren emergencias sanitarias y presta servicios de salud mediante la regulación, el control y la prevención de riesgos sanitarios (Cofepris). En materia de agua, esta institución efectúa monitoreos prevacacionales en las playas más concurridas de México para asegurar la prevención de riesgos de la población. Finalmente, en el ámbito federal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es la autoridad involucrada en los procesos de agua, cuya función es dar seguimiento a la aplicación de la legislación ambiental vigente y emitir las sanciones correspondientes (Profepa).
A nivel estatal, las instituciones involucradas en el proceso de gestión de agua residual industrial en Baja California son la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), la Comisión Estatal de Agua en Baja California (CEA), la CESPE, y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS). La Seproa se encarga de diseñar y coordinar la política pública de la gestión de recursos hídricos en el estado (Seproa); por su parte, la CEA es un organismo paraestatal que administra la operación y mantenimiento de los acueductos intermunicipales y demás instalaciones complementarias que se encargan de la conducción y distribución del agua en bloque, mientras que la Cespe ofrece los servicios de agua potable y saneamiento a Ensenada. Finalmente, la SMADS aplica las disposiciones en materia de desarrollo sustentable, prevención, preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente del territorio.
