Diversas organizaciones, colectivos, investigadores y pobladores afectados denunciaron supuestas irregularidades en torno al proyecto del bypass Tijuana-Ensenada, señalando principalmente la falta de transparencia de Banobras y la reserva de información pública relacionada con la obra por un periodo de 5 años.
En un documento señalaron que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), elaborado por TGC Geotecnia, ha sido ampliamente cuestionado por presuntas omisiones, inconsistencias técnicas y una deficiente evaluación de impactos estructurales, ambientales, hídricos, sociales y arqueológicos.
De acuerdo con el pronunciamiento, la empresa ha cobrado más de 51.9 millones de pesos en cifras reveladas.
Ante estas anomalías, ciudadanos presentaron solicitudes de acceso a la información pública para conocer más detalles del proyecto, sin embargo, denunciaron que las autoridades clasificaron y reservaron la información durante cinco años, decisión que calificaron como alarmante y contraria al derecho ciudadano de mantenerse informado.
Los firmantes señalaron que la reserva de información contradice los principios del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por México que establece la obligación de garantizar transparencia y participación pública en asuntos ambientales, especialmente en obras de alto impacto para el territorio y los recursos naturales.
También advirtieron que la opacidad alrededor del bypass incrementa la preocupación debido a observaciones técnicas realizadas contra la MIA, entre ellas riesgos severos de deslizamientos de suelo, inestabilidad geológica, afectaciones ecológicas irreversibles, impactos sobre acuíferos y posibles daños a comunidades locales.
Las organizaciones exigieron la inmediata desclasificación de la información relacionada con los trabajos observados sobre el trazo del bypass, así como transparencia total sobre permisos, estudios y actividades actualmente en ejecución, además del respeto al derecho ciudadano de acceso a la información ambiental y participación pública.
Asimismo, demandaron que ninguna obra o actividad avance mientras persistan irregularidades en la Manifestación de Impacto Ambiental, al considerar que la defensa del territorio, el agua y el derecho a un medio ambiente sano no puede construirse desde el secreto ni al margen de la población afectada.
Entre algunas de las organizaciones firmantes se encuentran Coalición Ensenada Digna, Nosotras y el Mar, Parque Comunitario Pedregal Playitas, Por Un Valle De Verdad, Save The Waves, Circular AC y Biología Rebelde, entre otras.
