El gobierno federal reservó por cinco años toda la información relacionada con la ruta alterna o “Bypass” del municipio de Ensenada, Baja California, bajo el argumento de que hacer públicos los datos representa “un riesgo real” para realizar el proyecto, que está en etapa de “validación” y puede presentar modificaciones, además de que “el riesgo de prejuicio supera el interés público de conocerla”.
Lo anterior se desprende de una respuesta obtenida mediante una solicitud de transparencia hecha por el colectivo Ensenada Digna, en torno a la “Actualización del Proyecto del Bypass de la Autopista Tijuana-Ensenada”, promovido por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Dicho proyecto consiste en un nuevo tramo para evitar pasar por la carretera escénica Tijuana-Ensenada, caracterizada por fallas geológicas y que colapsó el 28 de diciembre de 2013, lo que cortó la comunicación y provocó pérdidas económicas durante un año.
El 13 de enero de 2025, Sheinbaum anunció el proyecto como uno de los ejes prioritarios del Plan México; para el 4 de marzo de 2026, Jorge Mendoza, director de Banobras, dio a conocer que se abriría a inversión mixta para la participación de la iniciativa privada para un costo de 4 mil 300 millones de pesos, según las declaraciones hasta el momento.
Integrantes de la comunidad científica local, ambientalistas y organizaciones han señalado las afectaciones que dicho proyecto traería al entorno, además de realizar diversas peticiones.
