Ricardo Thompson Navarro salió del Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como el “Altiplano” tras un cambio de medida cautelar que le permitirá cumplir arraigo domiciliario en Ensenada, Baja California. El empresario, identificado como socio de Ernesto Ruffo Appel en la compañía Ingemar, enfrentará desde su casa el proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal, Alejandra Ramírez de la Vega, dictó la resolución en la causa penal 253/2026 y aprobó el traslado del procesado a su vivienda. El domicilio autorizado estaría ubicado en el kilómetro 103 de la carretera Tijuana-Ensenada, en la colonia El Sauzal, según reportes de medios locales. Con esta determinación, Thompson Navarro se sumó al exgobernador Ruffo, quien desde finales de septiembre cumple la misma condición -por motivos de salud- en un inmueble que sus padres le heredaron en Ensenada.
A Ruffo Appel le retiraron el pasaporte y la visa como condición para autorizar el cambio de sede de reclusión. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega estableció que el exgobernador no podía acercarse a los testigos ni a las personas relacionadas con la investigación abierta en su contra, y que elementos de la Guardia Nacional tendrían a su cargo la vigilancia permanente del inmueble durante todo el tiempo que durara la medida.
Hasta el momento no se conocen los detalles de cómo será la reclusión de Ricardo Thompson Navarro.
Un actuario judicial del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, intentaba notificar a Thompson Navarro el acuerdo de un amparo contra su auto de vinculación a proceso, dictado el 23 de julio, cuando se reveló su cambio de situación jurídica.
Durante esa diligencia, el funcionario constató que el reclusorio federal ya había reportado la salida del empresario por orden de la jueza de la causa. El juzgado de amparo giró entonces un exhorto electrónico a un tribunal con sede en Ensenada para que un fedatario público acudiera al domicilio de El Sauzal y notificara a Thompson Navarro las resoluciones pendientes de sus distintos juicios de amparo, que fueron acumulados en un solo expediente.
“Agréguese la razón actuarial signada por el actuario judicial adscrito con el cual refiere que el quejoso Ricardo Thomson Navarro fue externado del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano en Almoloya de Juárez y fue puesto en libertad por cambio de medida cautelar”, señaló el acuerdo.
La detención de Thompson Navarro ocurrió el 16 de julio a las 2:08 de la tarde, en la Carretera Transpeninsular, colonia Zona Playitas de Ensenada, a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. El Registro Nacional de Detenciones lo describió como un hombre de tez blanca, ojos azules, cabello blanco, de aproximadamente 1.80 metros de estatura, vestido con pantalón de mezclilla verde claro y playera tipo polo azul celeste.
Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, quedó a disposición de la FGR en Tijuana, al igual que Ruffo Appel.
La investigación documentó el ingreso de hidrocarburos mediante ferrotanques que declaraban volúmenes muy por debajo de su capacidad real, un mecanismo propio del llamado huachicol fiscal: a diferencia del robo físico de combustible de ductos de Pemex, este esquema opera mediante la manipulación de fracciones arancelarias, registrando gasolina y diésel como lubricantes o aditivos exentos del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Thompson Navarro fue vinculado a proceso el 23 de julio, tras más de 30 horas de audiencia, por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. En esa diligencia, el Ministerio Público Federal defendió la prisión preventiva oficiosa argumentando que el empresario participaba en 14 empresas en Ensenada, contaba con pasaporte vigente y registraba movimientos migratorios entre 2015 y 2018, elementos que a su juicio representaban riesgo de fuga.
El 13 de agosto de 2026, el juez federal Daniel Marcelino Niño Jiménez, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, otorgó de oficio una suspensión provisional que impidió la apertura a juicio oral en el caso de Thompson Navarro. La medida no partió de un pedido de la defensa, sino de la aplicación directa del artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo de la Ley de Amparo.
