La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer este miércoles una serie de documentos relacionados con la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por autoridades de Estados Unidos contra diez ciudadanos mexicanos.
Entre las personas señaladas aparecen el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, quienes son investigados por presuntos delitos vinculados con el narcotráfico.
Los documentos incluyen una tarjeta informativa elaborada el 29 de abril, en la que se resume la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. La investigación señala a los implicados por una presunta conspiración para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia territorio estadounidense.
También se les atribuye el presunto uso de cargos públicos para brindar protección a integrantes de un grupo criminal, compartir información de seguridad, evitar detenciones y facilitar el traslado de cargamentos ilícitos.
Las autoridades estadounidenses precisan que se trata de acusaciones y que las personas mencionadas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial.
Otro de los documentos corresponde al comunicado de extrañamiento enviado por la Cancillería mexicana a la embajada de Estados Unidos el 30 de abril. En ese escrito, el Gobierno de México manifestó su preocupación por la difusión pública de la acusación y de los nombres de las personas involucradas antes de que se concretaran las detenciones con fines de extradición.
La SRE expuso que la divulgación de información relacionada con una investigación penal en curso podría afectar el desarrollo de los procedimientos judiciales y los derechos al debido proceso de los reclamados.
La dependencia explicó que, conforme al procedimiento de extradición vigente en México, el contenido de una solicitud de este tipo debe darse a conocer a la persona requerida una vez que ha sido detenida e inicia formalmente el proceso correspondiente.
En la comunicación dirigida al embajador Ronald Johnson también se plantea solicitar al Departamento de Justicia de Estados Unidos que recuerde a sus fiscales la obligación de mantener la confidencialidad de la información relacionada con investigaciones penales compartidas entre ambos países.
La documentación difundida incluye además un conjunto de líneas discursivas dirigidas a las representaciones diplomáticas mexicanas en el extranjero para responder a cuestionamientos sobre el caso.
Entre los mensajes se señala que el Gobierno de México mantiene una postura basada en la aplicación de la ley, la cooperación internacional y la defensa de la soberanía nacional. Asimismo, se retoman declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que no habrá protección para personas que hayan cometido delitos y recordó que cualquier acción judicial en México requiere pruebas que sustenten las acusaciones conforme al marco legal vigente.
